Luz verde definitiva a la ley europea contra los productos fabricados con trabajo forzoso

La UE prohíbe definitivamente el trabajo forzoso en el continente. El Consejo de la Unión Europea dio luz verde definitiva el 19 de noviembre al texto que prohíbe a partir de ahora la comercialización y venta en suelo europeo de cualquier producto fabricado a través de trabajo forzoso. Este es el último paso del proceso legislativo, por lo que la legislación entrará en vigor una vez que se publique oficialmente en el Boletín Oficial de la UE.

El Parlamento Europeo ya aprobó la ley en abril, con 555 votos a favor, 6 en contra y 45 abstenciones, por lo que a partir de ahora los estados tienen un plazo de tres años para empezar a aplicar la normativa. El texto fue propuesto por primera vez por la Comisión Europea en 2022, aunque no se llegó a un primer acuerdo provisional hasta el 5 de marzo de este año.

La nueva normativa permite a los gobiernos de los estados miembro, conjuntamente con la Comisión Europea, investigar tanto las mercancías como a los fabricantes que sospechen estén produciendo artículos a través de estas prácticas. Si se confirmaran las sospechas tras una investigación, los productos quedarían prohibidos dentro de las fronteras de la Unión Europea. La norma se aplica tanto para los operadores de comercio físico como del canal online.

La UE podrá prohibir la comercialización de cualquier producto que sospeche que esté fabricado a través de estas prácticas

Según los datos compartidos por la Unión Europea, alrededor de 27,6 millones de personas sufren de estas prácticas en todo el mundo, distribuidas en múltiples sectores en todo el mundo. “La mayor parte del trabajo forzoso se da en el sector privado, aunque también puede llegar a darse en el sector público”, ha asegurado la UE en un comunicado.

La normativa establece además que los fabricantes de estos productos deberán retirarlos del mercado, donarlos, reciclarlos o destruirlos, y en el caso de no hacerlo, deberán hacer frente a sanciones económicas. Las empresas y proveedores que eliminen estas prácticas de sus cadenas de suministro podrán volver a poner los productos en el mercado.

Los estados deberán, además, compartir la información con el resto de los estados miembro sobre los operadores y productos de los que sospechen, así como con la Comisión, incluso si están pasando en otro de los países de la UE. La decisión final que se tome en cada estado se aplicará de la misma forma al resto de los estados, en base al principio de reconocimiento mutuo.