El trabajo forzoso aumenta y genera 236.000 millones de dólares anuales en el mundo

El trabajo forzoso aumenta en una década. El beneficio generado por las empresas a través de técnicas que implican el trabajo forzoso ha alcanzado 236.000 millones de dólares al año, según un estudio publicado por la Organización del Trabajo Forzoso (ILO, por sus siglas en inglés).

Esta cifra supone un incremento del 37% respecto a los ingresos que recopiló la organización en la última edición del estudio hace diez años, debido tanto al mayor número de personas que trabajan bajo este régimen, como al aumento del beneficio bruto que genera esta práctica en sí.

“El trabajo forzoso también tiene un impacto económico negativo. Esta cifra supone millones de dólares que no sólo no acaban en manos de los trabajadores, sino que tampoco están generando impuestos para los países en términos de, por ejemplo, impuestos”, ha señalado el eurodiputado y miembro de la Comisión de Comercio Internacional, Bernard Lange, durante la presentación del texto.

El estudio, denominado Beneficios y Pobreza: La economía del Trabajo Forzoso, estima que, de media, cada víctima de trabajo forzoso genera 10.000 dólares, frente a los 8.269 dólares que producía en 2014. Según los datos del estudio, sólo en 2021 se contabilizaron 27,6 millones de personas atrapadas en una situación de trabajo forzoso.

El trabajo forzoso afectó a 27,6 millones de personas en 2021

Por regiones, Europa y Asia Central son las dos zonas que ingresan mayores beneficios derivados del trabajo forzoso, por un total de 84.000 millones de dólares, seguidos de Asia-Pacífico, donde estas prácticas generan 62.000 millones de dólares. América, con un beneficio que alcanza los 52.000 millones de dólares, ocupa la tercera posición, seguido de África y los países árabes, con unos beneficios de 20.000 millones de dólares y 18.000 millones de dólares.

Si se contabiliza el beneficio por trabajador, las dos regiones que generan mayores ingresos ilegales continúan siendo Europa y Asia Central, aunque los países árabes se convierten en la segunda región por beneficios individuales por trabajador. América, África y el Asia pacífica completan este orden.

“El trabajo forzoso está presente en todo el mundo y en todos los sectores, pero aún así se mantiene invisibilizado”, ha denunciado la directora del ILO en Europa y Benelux, Lieve Verboven.

El ámbito que más beneficios ilegales generó a sus traficantes fue el trabajo sexual, donde cada víctima genera de media 27.252 dólares al año, frente a los 3.687 dólares que suponen los trabajadores de cualquier otro ámbito.

Después de la explotación sexual, sin embargo, el sector con los beneficios ilegales más elevados es el industrial, con ingresos por valor de 35.000 millones de dólares, mientras que el sector servicios, por su parte, genera una media de 20.800 millones de dólares. La agricultura, y el trabajo doméstico, por último, ganaron hasta 5.000 millones y 2.600 millones de dólares.

Más allá del impacto humano, esta práctica también genera pérdidas a las economías de los países

Según ha explicado el director general del ILO durante la presentación del informe, la práctica más común de trabajo forzoso se articula a través de la retención de los salarios, el método más común. Otras prácticas, sin embargo, también incluyen amenazas y coerciones físicas y sexuales.

“La comunidad internacional debe unirse para acabar con esta práctica injusta, salvaguardar la seguridad de los trabajadores y velar por los principios de igualdad para todos los ciudadanos”, ha acabado Houngbo.

El eurodiputado Lange también ha destacado la importancia de colaborar con las empresas para que estas estén motivadas para impulsar bases de datos sobre los países donde operan y los proveedores con los que trabajan, lo que ayudaría a que estos fueran conscientes de los riesgos que supone utilizar este tipo de prácticas.  

Lange también ha reivindicado la importancia de legislaciones como la futura normativa europea que pretende prohibir la entrada al continente de cualquier producto fabricado a través de estas prácticas. El texto común entre el Consejo y el Parlamento se parobó en marzo, y estableció un marco legal para investigar los posibles casos y facilitar la cooperación entre los diferentes países que están implicados en todo el proceso de producción.