El Gobierno amplía las empresas obligadas a medir, publicar y reducir las emisiones de carbono

Luz verde a una mayor regulación de emisiones en España. El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto para actualizar algunas de las bases del registro de huella de carbono español. La norma, en funcionamiento desde 2014, establece la obligatoriedad de calcular las emisiones de efecto invernadero de ciertas empresas, así como la elaboración y publicación de planes de reducción de estas emisiones.

“Durante este tiempo, se ha constatado su contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional, a incrementar las absorciones por los sumideros de carbono en el territorio nacional y a cumplir los compromisos internacionales asumidos por España en materia de cambio climático”, aseguran desde el Ejecutivo.

El nuevo Real Decreto ha incluido algunas novedades respecto a la versión anterior. La principal modificación hace referencia al número de empresas afectadas, que ahora incluyen tanto las entidades de interés público con más de 500 trabajadores como las consideradas como grandes empresas. La definición de gran empresa sigue la establecida en la ley de Información No Financiera y Diversidad, y hace referencia a las compañías con más de 250 empleados o que cuenten con una facturación superior a 40 millones de euros.

El texto también obliga a publicar planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

Más allá del tamaño de las empresas afectadas, el texto también añade la obligación de elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones. “Medir la huella de carbono nos permite reducir las emisiones, mejorar los procesos productivos, ser más eficientes y competitivos”, defendió ayer la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Las empresas del sector público deberán inscribir su huella de carbono en el registro del ministerio, mientras que las empresas deberán aportar información de manera recurrente y, en principio, voluntaria. Según datos del ministerio, a día de hoy existen 14.250 huellas de carbono inscritas.

Estas inscripciones permiten también la compensación posterior de parte o toda la huella de carbono, a través de proyectos que impulsen la absorción del dióxido de carbono de la atmósfera. El conjunto de planes puestos en marcha hasta el momento habría supuesto la compensación de 154.406 toneladas de dióxido de carbono.