La Comisión Europea propone destinar 40.000 millones de euros a paliar la crisis energética

Bruselas busca combatir la crisis de la energía. La Comisión Europea (CE) ha propuesto este martes destinar 40.000 millones de euros de los fondos de cohesión para apoyar a los hogares y a las pequeñas y medianas empresas (pymes) ante la actual crisis de la energía, tal y como se realizó anteriormente para suavizar el impacto del Brexit en algunas regiones o para los gastos derivados de la pandemia.

Para llevar a cabo la medida, Bruselas redirigirá fondos no gastados en el periodo presupuestario de entre 2014 y 2020. “Tenemos que reaccionar cuando los ciudadanos se ven afectados por series de crisis no esperadas”, ha asegurado Elisa Ferreira, comisaria europea de Cohesión y Reformas.

De este modo, el planteamiento de la Comisión Europea pasa por redirigir hasta el 10% de los fondos regionales del marco presupuestario anterior, para llevar a cabo ayudas a pymes y hogares vulnerables o programas de protección laboral, como los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) en España.

España, a quien se asignaron 42.000 millones de euros en fondos regionales entre 2014 y 2021 podrá reorientar hasta 4.200 millones para contrarrestar las consecuencias sociales de la subida de los precios de la energía.

La Comisión Europea permitirá que España reoriente hasta 4.200 millones de euros

La elegibilidad del gasto se fija a partir del 1 de febrero de 2022 y podrán usarse en todas las regiones sin los límites normalmente asociados del fondo de cohesión. Según la CE, las modificaciones ofrecerán mucha flexibilidad a las autoridades de los veintisiete países miembros para la reprogramación de las partidas.

“Es importante señalar que la política de Cohesión no es un instrumento de respuesta a crisis, pero desde Bruselas no podemos ignorar las dificultades de las familias y empresas más vulnerables”, ha añadido Ferreira.

El pasado septiembre, la CE presentó un nuevo instrumento para asegurar el suministro de bienes esenciales en casos de emergencia, con el objetivo de evitar que se repitan situaciones como las del inicio de la pandemia en Europa, cuando algunos Estados tomaron decisiones unilaterales reteniendo productos nacionales. La propuesta buscaba que desde Bruselas se pudiera exigir a las empresas que prioricen la entrega de productos a ciertos operadores y a los Estados que hagan reservas estratégicas de algunos bienes.