El Parlamento Europeo acuerda aplazar las normas sobre sostenibilidad y diligencia debida

El Parlamento Europeo ha aprobado hoy, jueves, posponer las fechas de aplicación de los nuevos requisitos sobre diligencia debida e información corporativa de sostenibilidad. Las nuevas normas de diligencia debida ven retrasada su obligatoriedad un año más, mientras las de información corporativa en materia de sostenibilidad logran dos años de prórroga.

Con 531 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones, los eurodiputados respaldaron la propuesta de la Comisión, enmarcada en un conjunto más amplio de medidas para simplificar la normativa y reforzar la competitividad de la Unión Europea, según ha explicado el organismo a través de un comunicado.

Las nuevas normas de diligencia debida obligarán a las empresas a mitigar su impacto negativo sobre las personas y el medioambiente. Los estados miembros dispondrán de un año adicional, hasta el 26 de julio de 2027, para incorporarlas a sus legislaciones nacionales.

Los estados miembro tendrá un año adicional para incorporar la diligencia debida a sus legislaciones

La prórroga de un año también se aplicará al primer grupo de empresas afectadas, que incluye aquellas pertenecientes a la UE con más de 5.000 empleados y una facturación superior a 1.500 millones de euros, así como compañías de fuera de la UE que superen ese umbral dentro del mercado comunitario.

Estas sólo deberán cumplir con las normas a partir de 2028, misma fecha que regirá para el segundo grupo, compuesto por empresas europeas con más de 3.000 empleados y una facturación superior a 900 millones de euros, además de las extranjeras que alcancen ese nivel de ingresos en Europa.

La directiva sobre información corporativa en sostenibilidad se aplaza dos años

Por otro lado, la aplicación de la directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad también se aplazará dos años para el segundo y tercer grupo de empresas que estarán sujetas a la normativa. Las grandes compañías con más de 250 empleados deberán presentar por primera vez sus informes sobre impacto social y ambiental en 2028, correspondientes al ejercicio anterior, mientras que las pequeñas y medianas empresas cotizadas dispondrán de un año más y comenzarán a reportar en 2029.

La Comisión Europea presentó el pasado 26 de febrero el paquete de simplificación denominado Omnibus. Además de la directiva que aplaza la aplicación de las normas de información y diligencia debida, aprobada hoy por el Parlamento, el paquete incluye otra directiva que modifica el contenido y alcance de estos requisitos. El trabajo sobre esta última comenzará ahora en la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento.

Para acelerar la adopción de estas medidas, el Parlamento acordó el martes tramitar el expediente mediante el procedimiento de urgencia. Para su entrada en vigor, el proyecto de ley necesita ahora la aprobación formal del Consejo, que ya respaldó el mismo texto el 26 de marzo de 2025.