Ropa sí, calzado no: los sectores de la moda que pueden acceder a las ayudas del Gobierno

La moda pasa el corte para acceder a las ayudas del Gobierno. En la lista de los 95 sectores que podrán beneficiarse de los 7.000 millones de euros de ayudas directas figura todo el comercio de ropa, calzado y joyería, así como la fabricación de ropa y joyería, y quedan fuera la industria del calzado y el comercio especializado en cosmética.

Dentro de la industria, podrán acceder a las ayudas las compañías con los siguientes rubros de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (Cnae): confección de prendas de vestir; de prendas de otras vestir exteriores; de otras prendas de vestir y accesorios; fabricación de artículos de peletería; y confección de otras prendas de vestir de punto. También las empresas que se dediquen a la fabricación de artículos de joyería y artículos similares y a la producción de bisutería.

Dentro del comercio, pasan el corte las empresas o autónomos dedicados a la intermediación del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero; al comercio al por mayor de cueros y pieles y al comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería.

Las ayudas podrán destinarse a reducir deuda, realizar pagos a proveedores y abonar costes fijos 

Entre el comercio minorista, que se ha visto duramente golpeado por los cierres decretados para contener la pandemia, podrán beneficiarse de las ayudas los establecimientos especializados en textil, prendas de vestir, calzado y cuero y relojería y joyería, así como las compañías que se dediquen a distribuir ropa y calzado en puestos de venta, mercadillos u otro tipo de canales.   

Por último, también podrán acogerse las empresas especializadas en reparación de calzado y artículos de cuero, reparación de relojes y joyería y lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.  

El requisito general es que las empresas o autónomos tengan su sede social en territorio español y que su facturación haya caído como mínimo un 30% en 2020. Además, las ayudas están sujetas al compromiso de mantener la actividad y no repartir dividendos.

El dinero podrá destinarse a reducir deuda, realizar pagos a proveedores y abonar costes fijos, siempre y cuando estas obligaciones se hubieran generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores a la fecha de entrada en vigor de este real decreto ley, publicado ayer.

Las empresas deben haber reducido su facturación como mínimo un 30% en 2020 para acceder a las ayudas

La línea cuenta con una dotación total de 7.000 millones de euros y se articula en dos compartimentos: uno dotado de 5.000 millones de euros, para todas las comunidades autónomas, salvo Baleares y Canarias, y para Ceuta y Melilla; y un segundo, con una dotación de 2.000 millones de euros, para las Baleares y Canarias.

En total, el Gobierno movilizará una inversión pública de hasta 11.000 millones de euros en cuatro líneas de actuación: tres fondos adicionales para financiar ayudas directas, restructuración de balances y recapitalización de empresas y la prórroga de moratorias fiscales y concursales.

Además de la línea Covid-19 de 7.000 millones de euros, el Gobierno podrá adoptar medidas adicionales de flexibilización de los préstamos avalados por el Estado. Para ello se crea una segunda línea de 3.000 millones de euros para convertir, como último recurso, la conversión de parte del aval en transferencias directas a empresas y autónomos.

En tercer lugar, se crea un nuevo Fondo de recapitalización de empresas afectadas por Covid, dotado por mil millones de euros, para aquellas compañías que no puedan acceder al fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Este fondo será gestionado por Cofides, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Por último, se extienden hasta finales de año las moratorias para el desencadenamiento automático de procesos concursales y se amplía a cuatro meses el aplazamiento de deudas tributarias.

El Ejecutivo argumenta que el alargamiento de la crisis sanitaria y las medidas de contención aumentan el riesgo de “un deterioro significativo de los balances de las empresas y un aumento del sobreendeudamiento que podría lastrar la recuperación y la creación de empleo a partir de la segunda parte del año”.