Milán eleva el control sobre la producción tras el escándalo en el lujo

Milán pone la lupa en la producción del sector de la moda. La fiscalía de Milán eleva el control sobre la producción tras el escándalo del lujo y tiene el objetivo de crear una base de datos común de la cadena de suministro con el fin de abordar los posibles incidentes de trabadores ilegales, según señala The Business of Fashion.

La fiscalía de Milán ha estado investigando durante la última década a empresas de contratación que supuestamente empleaban a trabajadores ilegalmente, evadiendo impuestos, así como contribuciones a la asistencia social y a las pensiones, para reducir el coste de los servicios que prestaban. Desde principios de años, se han vinculado estas prácticas a empresas como Dior y Armani.

El plan, que refuerza los sistemas de control, será voluntario y se limitará a la región de Lombardía, Italia. El objetivo es establecer un único sistema para apoyar los procesos de seguimiento de la cadena de suministro y crear una plataforma centralizada donde los fabricantes puedan facilitar los documentos que certifiquen el cumplimiento de las leyes fiscales y laborales, para facilitar a los reguladores y a las marcas la realización de controles.

Según el medio de comunicación, Armani ha afirmado que “siempre se han tomado las medidas para minimizar el riesgo de abusos en la cadena de suministro”. Por su parte, Dior ha comunicado que “está trabajando para mejorar la supervisión de su cadena de suministro”.

El plan se aplicará únicamente en la región de Lombardía y de forma voluntaria

Durante los últimos años, las investigaciones se centraron en sectores como la logística, el transporte y los servicios de limpieza, donde los trabajadores eran suministrados por empresas que surgían y desaparecían cada dos años. Recientemente, la atención se centró en el sector de la moda, donde las investigaciones han puesto de relieve problemas similares este año.

Italia representa entre el 50% y el 55% de la producción mundial de artículos de lujo, según la consultora Bain. La última investigación de Milán ha demostrado que un pequeño fabricante podía cobrar a una marca de lujo 53 euros por fabricar un bolso, que la marca vendía en las tiendas a 2.600 euros.

Según la legislación italiana, las marcas que subcontratan la producción son responsables de realizar controles adecuados a los proveedores. En el pasado, las medidas tomadas por los magistrados italianos en relación con las investigaciones sobre explotación laboral se referían únicamente a los proveedores que maltrataban a los trabajadores.

Sin embargo, los fiscales de Milán han recurrido a una disposición de la ley que fue diseñada originalmente para tratar con empresas infiltradas por la mafia. Estas empresas quedarían bajo administración judicial o judicial mediante el nombramiento de comisionados especiales para administrarlas.