La Justicia tumba la tasa Amazon del Ayuntamiento de Barcelona

El Tribuna Superior de Justicia de Cataluña (Tsjc) ha declarado nula la denominada tasa Amazon, que impuso el Ayuntamiento de Barcelona al reparto a domicilio de los productos comprados por Internet. La tasa fue impulsada por el actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, cuando era titular de la cartera de economía en el consistorio de Ada Colau.

La sección primera de la sala contencioso administrativo del TSJ de Cataluña ha dictado sentencia que estima el recurso interpuesto por UNO, Organización Empresarial de Logística y transporte contra un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Barcelona en relación al pago de una tasa que el Ayuntamiento aplica a las empresas de distribución de productos de comercio electrónico. El TSJ considera “que esta tasa que se les aplica infringe el principio de la libre circulación de mercancías”. 

La sala resuelve, así, “estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de UNO contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Barcelona de 24 de febrero de 2023, y en consecuencia declarar nula de pleno derecho la Ordenanza Fiscal 3.20 por la que se establece y regula la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público derivado de la distribución a destinos finales indicados por los consumidores de bienes adquiridos por comercio electrónico (B2C)”.

El Tsjc considera que esta tasa infringe el principio de la libre circulación de mercancías

La conocida como tasa Amazon se aplicó en Barcelona en marzo de 2023 bajo el nombre de Trec (trasa de reparto de ecommerce) y afectaba a los operadores que facturen más de un millón de euros anuales en la ciudad.

En concreto, la tasa ha afectado a 26 operadores entre los que se encuentran algunas de las compañías de reparto a domicilio como Amazon, Correos Exprés, Seur o DHL, entre otras. 

Según explicó el Ayuntamiento, el objetivo de la tasa era igualar las condiciones del comercio electrónico con las del comercio de proximidad, así como reducir la circulación de vehículos de reparto y disminuir la congestión en las principales vías de la ciudad a través de reforzar los puntos de recogida. 

Tal y como aprobó el Ayuntamiento en febrero, la tasa gravaba un 1,25% de la actividad de los operadores, lo que supone un máximo anual de 2,6 millones de euros.