Escasez sindical y peligro en las fábricas: los ‘deberes’ del nuevo Accord de Pakistán

Diez años después de uno de los mayores desastres laborales de la industria textil, el de la fábrica de Ali Enterprises en Karachi (Pakistán), el sector pone manos a la obra en el país. En diciembre de 2022, se inició el International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry para Pakistán, uno de los mayores proveedores para la moda donde se aprovisionan todos los grandes de la distribución del sector. ¿Sus retos? La escasez sindical y la falta de seguridad en la inmensa red de fábricas textiles del país.

En septiembre de 2012, un incendio en una de las fábricas textiles de Ali Enterprises de Karachi causó la muerte de 1.130 trabajadores e hirió a más de cien. Una inspección de Social Accountability International confirmó que la tragedia se podría haber evitado de haberse seguido el protocolo básico de seguridad en la planta, describiendo los mecanismos de seguridad instalados en la fábrica como “inexistentes”. El sector tardó más de una década en responder al incidente, que marcó un antes y un después en la lucha por los derechos humanos en la industria textil de Pakistán.

El Accord para el país asiático se firmó el 14 de diciembre de 2022 y el plazo para que las empresas del sector se sumasen a él se abrió el pasado 16 de enero. Diez días más tarde, Bestseller, C&A, H&M, Inditex, Otto Group y PVH fueron los primeros operadores en firmar el documento, que requiere que las compañías publiquen una lista completa de todas las fábricas con las que trabajan en el país y se aseguren de que cumplan con los programas de inspección y seguridad, además de cubrir los costes necesarios para mejorar sus condiciones durante el proceso.

El acuerdo es el spin off del International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry de Bangladesh, que se puso en marcha a raíz del desastre de Rana Plaza en 2013 y se renovó en agosto de 2021. Pakistán es el segundo país en que se impulsa esta iniciativa, un documento vinculante para las empresas firmantes con las organizaciones IndustriALL y UNI Global Union.

La principal prioridad para los sindicatos es fomentar la libertad de asociación en Pakistán, “la mejor forma de evitar más tragedias en el lugar de trabajo”, describe IndustriALL. En primavera de 2017, la compañía pakistaní de moda Khaadi despidió a 32 personas en una de sus fábricas después de que se uniesen para demandar conjuntamente una mejora en sus condiciones laborales, acogiéndose a la ley del país.

Las quejas de los trabajadores señalaban un espacio de trabajo insalubre, largas jornadas laborales, salarios por debajo del mínimo legal y despidos aparentemente arbitrarios. Tras las protestas, Khaadi se alió con un sindicato para solucionar la situación, pero, según organizaciones activistas de Pakistán, varias de las peticiones no se llegaron a abordar.

Otro de los grandes retos para el nuevo Accord de Pakistán son las estructuras de las fábricas en el país asiático. Muchas de las compañías industriales son inspeccionadas regularmente por empresas externas para asegurar su seguridad, pero estas organizaciones no siempre son fiables, señala Human Rights Watch. La entidad subraya que Rina Services, la empresa que auditó la fábrica de Ali Enterprises en Karachi y aseguró que cumplía con todos los protocolos de seguridad apenas veinte días antes del incendio mortal, trabaja con más de cien plantas textiles en todo el territorio pakistaní.

Según la organización Clean Clothes, los derechos de los trabajadores de la industria textil y de la confección apenas han avanzado en la última década: en los últimos dos años, se han registrado más una docena de incidentes que han resultado en la muerte y la lesión de varios trabajadores de la industria en Pakistán, según datos recogidos por la organización.

De hecho, uno de los mayores peligros es la falta de las estructuras de seguridad “más básicas” en el país, “incluso de las demandadas por la ley”, describe Clean Clothes. Según una encuesta elaborada por la organización con la participación de seiscientos trabajadores de la industria, el 85% de ellos reportaron que las fábricas no tenían acceso a una salida de emergencia en el caso de un incendio. La mayoría de ellos trabajan en espacios con alarmas de incendio, pero explicaron que no se llevaban a cabo inspecciones regulares para asegurar su funcionamiento.

En Pakistán, 2,2 millones de personas trabajan en la confección, 1,8 millones forman parte de la industria textil y cerca de 200.000 fabrican calzado y productos de cuero. En el ejercicio 2022, finalizado el 30 de junio del mismo año, las exportaciones de prendas de moda y productos textiles del país se situaron en 15.399 millones de dólares, disparándose un 25,53% frente al anterior año, según datos del Ministerio de Comercio de Pakistán.

Todos los principales operadores de moda del mundo se aprovisionan en el país asiático. El gigante de moda low cost Primark trabaja con 22 fábricas en el país que emplean, en total, a 76.852 trabajadores. Inditex, la mayor compañía de distribución de moda a escala internacional, trabaja con 48 fábricas en Pakistán, según los últimos datos del grupo, que datan de 2021. H&M opera con cuatro fábricas en el país y C&A, con 28.

Nike, por su parte, trabaja con seis fábricas en Pakistán, empleando a 36.903 trabajadores en el país. Cinco de estas fábricas están especializadas en la producción de prendas de vestir y una de ellas en equipamiento deportivo. La red de fábricas de Adidas en Pakistán es de diecisiete establecimientos, con un total de 39.884 trabajadores de prendas de ropa, accesorios y equipamiento.

“Estamos comprometidos con apoyar a nuestros proveedores para que alcancen los estándares de seguridad más altos, lo cual incluye esfuerzos para establecer estructuras gubernamentales locales que aseguren que la colaboración entre sindicatos, marcas e industria en el país esté presente en cada etapa del proceso”, han descrito las compañías que se han sumado al Accord.

“El International Accord está colaborando con el Gobierno, ministros federales, autoridades provinciales, proveedores, sindicatos y organizaciones civiles”, describe la organización, añadiendo que el acuerdo “será implementado por fases hasta que se establezca un cuerpo de gobierno nacional”.