La ONU pide a las empresas que sean transparentes frente a la crisis humanitaria en Xinjiang

La ONU llama la atención a las empresas. La organización ha pedido a las compañías que sean más transparentes y que “tomen todas las medidas posibles para respetar los derechos humanos”, haciendo referencia a la crisis humanitaria en Xinjiang (China).

La recomendación se encuentra en un informe en el que la ONU presenta sus conclusiones más recientes y detalladas sobre la situación actual de la comunidad uigur en la región china, donde se descubrió en 2019 una red de campos de trabajo forzoso que incluye el cultivo de algodón.

“Tomad todas las medidas posibles para respetar los derechos humanos a través de todas las actividades y todos los socios con los que trabajáis tal y como se muestra en los UN Guiding Principles on Business and Human Rights”, ha demandado la ONU a las empresas, añadiendo que “deben comunicar esto de manera transparente”.

Además, la organización ha pedido que “se refuerce el asesoramiento de los riesgos de violación de los derechos humanos” por parte de las compañías especializadas en seguridad y vigilancia del sector.

“Tomad todas las medidas posibles para respetar los derechos humanos”, ha pedido la ONU a las empresas

El Gobierno de Pekín, que define los centros de Xinjiang como Vocational Education and Training Centers (Vetc, centros educativos y de entrenamiento), asegura que sirven para “proteger a los individuos de entrar en grupos terroristas o extremistas” y sostiene que son “complejos de libre entrada y salida y de asistencia voluntaria”.

Según un documento interno, denominado La lista Karakax y al que ha tenido acceso la ONU, para ser internado basta con cumplir uno de una larga enumeración de “faltas” que incluyen tener muchos hijos, haber nacido en años específicos, llevar un velo o barba, tener descargada la aplicación Whatsapp en su teléfono o ser exconvicto.

La ONU concluye que los ciudadanos de los centros no tienen acceso a abogados y, al entrar, no se les comunica su tiempo de estancia, que parece ser arbitrario. Aunque no existe una cifra rigurosa de las personas que han pasado por los Vetc, la ONU estima que oscila entre 10.000 y un millón.

El pasado junio, Estados Unidos oficializó el veto a las importaciones de Xinjiang a través de la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso de los Uigures.

La ONU también entrevistó a trabajadores que declararon que las autoridades en los complejos de trabajo les presionaban para mentir acerca de su estado de satisfacción cuando contactaban con familiares o amigos, algo a lo que no todos tienen acceso durante su estancia.

“Un individuo que fue entrevistado por una delegación extranjera fue obligado a declarar que todo estaba bien, que podía volver a casa todas las noches, que tenía acceso a formación académica y que la comida era aceptable”, describe la ONU en el comunicado. El Gobierno de Pekín, en cambio, ha explicado que “los invitados son libres de unirse o dejar los programas en todo momento”.

El pasado junio, Estados Unidos oficializó el veto a las importaciones de Xinjiang a través de la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso de los Uigures, que prohíbe la importación de cualquier tipo de producto de la región, que copa cerca del 20% de la producción mundial de algodón.

Después de que saliese a la luz la polémica varios países y organizaciones alzaran la voz y Estados Unidos fue el primero en poner en marcha una legislación. La Ley de Prevención del Trabajo Forzoso de los Uigures fue presentada por primera vez por el congresista demócrata Jim McGovern en febrero de 2021.