Bruselas estrecha el cerco a la moda y lanza la propuesta contra el ‘greenwashing’

Bruselas, a por el greenwashing. La Comisión Europea ha presentado la proposición de un criterio común contra el ecoblanqueo y las afirmaciones ambientales engañosas que pueden hacer las empresas. El decreto recoge medidas como la prohibición de nuevas etiquetas de sostenibilidad o la obligación de realizar análisis independientes y científicos para probar afirmaciones medioambientales. Ahora, la directiva tiene que ser aprobada por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la Unión Europea (UE).

Bajo esta proposición, desde el Ejecutivo europeo prevén que el consumidor contará con una mayor claridad y seguridad de que “cuando algo se vende como verde, realmente lo sea”. Además, los consumidores deberán contar con más información para poder decantarse por aquellos productos y servicios que sean más respetuosos con el medioambiente.

De aprobarse la directiva, las empresas que afirmen algún grado de sostenibilidad en sus productos tendrán que respetar una serie de normas a la hora de demostrarlo, pero también en como lo comunican.

La nueva legislación pretende abarcar desde afirmaciones como “camiseta fabricada con botella de plástico reciclada” o “entrega compensada en CO2” a la “proliferación de sellos” que aseguran diversos grados de sostenibilidad. Sin embargo, excluye las alegaciones cubiertas por las normas vigentes de la UE, como la etiqueta ecológica de la UE o el logotipo de alimentos ecológicos.

Actualmente, existen 230 sellos medioambientales operando en Europa, lo que lleva a “confusión” en el consumidor, según la UE

Antes de que ninguna compañía pueda comunicar estándares de sostenibilidad a los consumidores, “tendrán que ser verificados por parte de un independiente y probadas con evidencia científica”. En estos análisis, las empresas deberán identificar los impactos ambientales que son realmente relevantes para su producto, así como las posibles compensaciones.

Otra de las acciones que propone la Comisión es la prohibición de etiquetas o la realización de declaraciones que utilicen una puntuación agregada del impacto medioambiental. En cuanto a las comparaciones entre productos, precisa que deberán realizarse con datos equivalentes.

El Ejecutivo también espera regular las llamadas etiquetas medioambientales, de las que actualmente hay 230 tipos. “Está demostrado que ello genera confusión y desconfianza en el consumidor”, añade el Ejecutivo. La Comisión asegura que la mitad de las etiquetas no cuentan con una verificación fiable, generando condiciones desiguales para empresas y costes para las empresas transfronterizas.

Para controlar la proliferación de tales etiquetas, no se permitirán nuevos sistemas públicos de etiquetado, a menos que se desarrollen a escala de la UE, y cualquier nuevo sistema privado deberá demostrar una mayor ambición medioambiental que los existentes y obtener una aprobación previa para ser autorizado.

La directiva también busca establecer una competencia igualitaria entre compañías en el mercado común

La Comisión asegura que, con esta nueva normativa, las empresas también saldrán beneficiadas, ya que “las que hagan un verdadero esfuerzo por mejorar la sostenibilidad medioambiental de sus productos serán más fácilmente reconocidas y recompensadas por los consumidores y podrán aumentar sus ventas, en lugar de enfrentarse a una competencia desleal”.

Bruselas añade que la ausencia de normas comunes para las empresas hace aparecer campañas voluntarias por parte de las empresas sobre su impacto climático, lo que conduce al greenwashing y crea una situación de competencia desigual dentro del mercado de la UE en perjuicio de las compañías realmente sostenibles.

La propuesta busca contribuir a establecer unas condiciones equitativas en información sobre el impacto ambiental de los productos. Según un estudio realizado por la propia Comisión en 2020, un 53,3% de las afirmaciones medioambientales en la Unión Europea (UE) fueron “vagas, engañosas o infundadas” y un 40% fueron “sin fundamento”.