El Gobierno da el paso definitivo para regular a los ‘influencers’ en España

Luz verde a la regulación de los influencers. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto que regulará a partir de ahora parte del contenido que publican en sus redes sociales. El objetivo de la norma es aumentar la protección a los consumidores y dar una mayor seguridad jurídica a los creadores de contenido.

El texto afecta a lo que el ejecutivo ha denominado como “usuarios de especial relevancia”, a los que establece unas condiciones mínimas. Los criterios, que deben ser simultáneos, incluyen unos ingresos anuales superiores a 300.000 euros o que superen el millón de seguidores en una plataforma o dos millones de usuarios en el conjunto de su universo virtual. Además, deben publicar o compartir más de 24 vídeos al año.

En un plazo de dos meses, todos los creadores de contenido deben ahora inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales. A partir de esta inscripción, deberán cumplir con la normativa establecida.

El Gobierno ha establecido como “usuarios de especial relevancia” a aquellos que cobren más de 300.000 euros al año y hasta un millón de seguidores

Las principales normas que establece el texto incluyen la obligación de avisar claramente a sus seguidores cuando estén cobrando por promocionar un producto o servicio, y prohíbe la publicidad de artículos dañinos para la salud como el tabaco, cigarrillos electrónicos, medicamentos y actividades que promocionen el culto al cuerpo

La ley establece que, la capacidad de influencia que tienen estas personas en Internet es suficientemente elevada como para que deba regularse parte del contenido que difunden, con especial hincapié en la protección de menores.

Las sanciones que contempla para estos, además, oscilan entre los 10.000 euros y hasta los 1,5 millones de euros, dependiendo tanto de los ingresos que reciban por la actividad sancionada como de la gravedad de la falta que cometan.

El Real Decreto tiene el objetivo de cumplir con la Ley General de Comunicación Audiovisual, que se aprobó en 2022 pero ya contemplaba la regulación de los creadores de contenido.