Europa avanza en su posición sostenible a la espera de la formación de la nueva eurocámara

Europa prosigue su carrera verde. El Consejo de la Unión Europea ha aprobado hoy su posicionamiento sobre la actualización de la Directiva marco de residuos y la de alegaciones medioambientales. Ambos textos deberán esperar ahora a que se conforme el nuevo Parlamento Europeo, con el que deberán llegar a una propuesta conjunta.

La nueva propuesta de ley sobre residuos, que hace referencia directa a los sectores de la moda y la alimentación, establece la obligación de recoger y reciclar los residuos textiles de manera independiente, entre otros, antes del 1 de enero de 2025. En el texto aprobado por el Consejo, además, se prevén objetivos específicos para el sector de la moda a finales de 2028.

La ley de residuos es también la que regulará la creación de los Scraps, a través de la responsabilidad ampliada del productor (RAP). Según la propuesta de los Estados miembro, las empresas deberán conformar y poner en pleno funcionamiento estos grupos como máximo 30 meses después de la entrada en vigor de la directiva, o cuando lo establezca la normativa nacional de cada Estado. El texto ha incluido también a las microempresas dentro del grupo de compañías afectadas por la ley.

Gracias a los Scraps, las empresas financiarán los sistemas de recogida y reciclaje del residuo. Dicha financiación se llevará a cabo de tasas “ecomoduladas”. El precio de las tasas de cada empresa irá determinado, por lo tanto, por el nivel de circularidad y sostenibilidad de los artículos que pongan en el mercado.

La Comisión ha establecido legislaciones específicas para el sector textil

El texto establece que los Estados miembro pueden imponer mayores tasas a las empresas de fast fashion, con el objetivo final de reducir el desperdicio de primera mano y de manera similar a la ley francesa aprobada por la Asamblea Nacional. El Consejo también permite a las compañías del tercer sector mantener sus sistemas de recolección propios, además de eximirlos de algunas obligaciones de reporting.

La Directiva sobre alegaciones medioambientales, por su parte, tiene el objetivo de establecer normas más estrictas a las empresas sobre la comunicación y las alegaciones medioambientales que lleven a cabo. Según el texto acordado por el Consejo, todas las alegaciones y etiquetas deberán estar fundamentadas en las últimas evidencias científicas.

“Además, estas deberán ser claras y fáciles de entender, con referencias específicas a las características medioambientales a las que apelan”, ha asegurado el Consejo. La posición de los Estados, además mantiene el principio de verificación ex ante, por el que toda alegación deberá ser revisada por una tercera parte externa antes de ser publicada. Las etiquetas gubernamentales o la Ecolabel, emitida por la UE, estarán exentas de esta revisión.