La UE cede y propone aplazar un año la ley antideforestación

La UE amplía el primero de los plazos de las leyes sostenibles. La Comisión Europea anunció el miércoles una propuesta para alargar un año el inicio de la aplicación de la ley antideforestación. El texto, que busca evitar que los productos consumidos dentro de la Unión Europea generen deforestación, hubiera afectado a las líneas de las empresas con divisiones de ropa del hogar, como Zara Home.

El Ejecutivo de la UE emitió así un comunicado en el que planteaba posponer doce meses las primeras implementaciones, “respondiendo a las solicitudes de socios globales”. La ley antideforestación, que debía hacerse efectiva al empezar 2025, es una de las leyes sostenibles de la UE que antes se iba a implementar.

El texto plantea que las empresas que importen materias primas como la madera o el caucho, por ejemplo, deberán demostrar a través de un sistema de geolocalización que la extracción de estos productos no ha generado deforestación en su lugar de origen.

La UE aceptaría el primer aplazamiento de una de las leyes de sostenibilidad

La Comisión ha emitido la propuesta ante la presión de diferentes grupos externos. Desde la propia Unión Europea, el Partido Popular Europeo, al que pertenece la renovada como presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habría formado parte de estas presiones. A nivel estatal, los Estados miembro que se oponían a la temprana implementación eran Suecia, Finlandia, Alemania o Austria, entre otros.

Paralelamente, la Comisión también se enfrentaba a la presión de países como Brasil, Bolivia, Colombia o Ecuador, e incluso Estados Unidos. Esta ley es uno de los principales puntos de desacuerdo internacional que no han permitido avanzar en la renovación de un acuerdo entre la UE y Mercosur.

“La Comisión reconoce que, a tres meses de la fecha prevista para la implementación, varios socios globales han expresado reiteradamente preocupaciones sobre su estado de preparación”, ha admitido el Ejecutivo europeo. La entidad ha asegurado, además, que los doce meses de margen suponen una “solución equilibrada” para todos los actores implicados.